Magazine SLV. San Sebastián de los Reyes. Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales en la Comunidad de Madrid, un peligro silencioso y poco visible se abre paso entre locales comerciales reconvertidos en viviendas, especialmente en los municipios del norte de la región. Se trata del gas radón, un enemigo invisible, cancerígeno y presente en el subsuelo, cuya correcta prevención no siempre se está cumpliendo.
En ocasiones, la laxa o inexistente legislación municipal y la presión por agilizar licencias han provocado que muchos ayuntamientos miren hacia otro lado cuando se trata de exigir medidas básicas de protección frente al radón. Locales que antes albergaban comercios se transforman en viviendas de forma rápida y económica, sin garantizar un aislamiento adecuado ni realizar las mediciones obligatorias, pese a que estas medidas son baratas y técnicamente sencillas.
Según la cartografía oficial del Consejo de Seguridad Nuclear, la Comunidad de Madrid está clasificada en diferentes zonas en función del potencial de radón. En el norte de la región, el riesgo es especialmente significativo. San Sebastián de los Reyes se encuentra en la Zona 1, mientras que Alcobendas está incluida en la Zona 2, considerada de mayor exposición. Esta división no es anecdótica: implica que un porcentaje relevante de edificios puede superar los 300 Bq/m³, el umbral a partir del cual el riesgo para la salud aumenta de forma considerable.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es claro: las nuevas edificaciones y determinadas reformas deben incorporar soluciones constructivas frente al radón. Sin embargo, en la práctica, muchos cambios de uso de local a vivienda quedan fuera del radar del control urbanístico, a pesar de que Urbanismo tiene la responsabilidad directa de exigir este requisito.
El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto con el Instituto Eduardo Torroja, ha elaborado la Guía de rehabilitación frente al radón, una herramienta clave que detalla cómo medir, diagnosticar y corregir la entrada de este gas en edificios existentes. La guía no deja lugar a dudas: en locales habitables con presencia permanente de personas y concentraciones superiores a 300 Bq/m³, deberían adoptarse medidas de protección, aunque no sean obligatorias.
Otro aspecto crucial es que los mapas no sustituyen a las mediciones directas. Cada vivienda puede presentar un riesgo distinto, y solo los laboratorios acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear pueden ofrecer resultados fiables. Una vez detectado el problema, las soluciones deben ser proyectadas por técnicos competentes y verificadas posteriormente con nuevas mediciones.
La Comunidad de Madrid ha iniciado estudios en edificios de la Agencia de Vivienda Social, aunque los resultados aún no se han publicado. Mientras tanto, el riesgo sigue ahí, creciendo al ritmo de las reconversiones exprés y la falta de control.
En un contexto donde la salud pública debería ser prioritaria, permitir viviendas sin protección frente al gas radón es una irresponsabilidad institucional. La pregunta ya no es si el problema existe, sino quién asumirá la responsabilidad cuando las consecuencias salgan a la luz.
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