Tres Cantos ha presentado este 29 de septiembre de 2026 el sello municipal Green Data City (GDC), una estrategia diseñada para posicionar al municipio como referente en infraestructuras digitales sostenibles y reforzar la llegada de inversiones tecnológicas. La iniciativa pone el foco en proyectos que podrían movilizar cerca de 600 millones de euros en inversión a corto plazo, al tiempo que establece criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y retorno para la ciudad.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha defendido la creación de esta marca municipal en un acto en el que también criticó la nueva regulación estatal para los centros de datos. Según el regidor, este marco podría afectar al desarrollo de proyectos tecnológicos y ha advertido de que cerca de 600 millones de euros comprometidos en el municipio están vinculados a iniciativas de empresas como Merlin Properties y Quetta Data Centers.
Green Data City: sostenibilidad y tecnología
El sello GDC (Green Data City) establece una hoja de ruta con horizonte 2030 basada en varios ejes: eficiencia energética, economía circular, utilización de energía limpia, recuperación de calor y gestión eficiente del agua.
Los centros de datos que se incorporen a esta estrategia deberán acreditar diferentes homologaciones técnicas y medioambientales, entre ellas LEED Gold, CEEDA, ISO 50001, ISO 27001, ASHRAE, SOC 2 y clasificación TIER III.
El Ayuntamiento pretende así vincular la expansión de las infraestructuras digitales con el desarrollo económico local. La estrategia contempla que la llegada de estas instalaciones genere empleo de calidad, retorno energético para los vecinos y mejores servicios públicos.
Tres Cantos incorpora los centros de datos a sus sectores estratégicos
El municipio considera las infraestructuras de computación y los centros de datos como su “quinto sector estratégico”, junto a ámbitos como el Espacial y Defensa, Audiovisual, Biotecnológico e Innovación Científica.
Durante la presentación, Moreno también cuestionó las nuevas exigencias estatales relacionadas con el suministro energético, los plazos administrativos y los recargos en los peajes eléctricos. El Ayuntamiento señala que estas medidas podrían dificultar nuevas inversiones en el sector.
Ante esta situación, el Consistorio ha trasladado sus preocupaciones a la Comunidad de Madrid, el equipo económico del Grupo Popular en el Congreso y los sectores industriales afectados, con el objetivo de coordinar posibles actuaciones jurídicas y parlamentarias.
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